Tiempos de cambio: el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude

El anteproyecto de ley que se está tramitando se encamina hacia una actualización de la normativa española en relación con las medidas antifraude en materia tributaria, a lo que se añaden unas tasas innovadoras en relación con el tráfico digital.

En primer lugar, se contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales utilizando los criterios fijados por la OCDE y por la UE. Una medida muy necesaria pues prácticamente no se ha actualizado desde el año 1991.

En segundo lugar, se incorpora la posibilidad de crear una lista de regímenes fiscales perjudiciales también con arreglo a los criterios de la UE y la OCDE.

En tercer lugar, y siguiendo con las listas, la de morosos de la Agencia Tributaria rebaja el importe de deuda para llegar a ingresar en ella, siendo el nuevo de 600.000 euros frente al millón de euros actual.

La innovación viene de la mano de la creación de nuevos impuestos a los servicios digitales. Así, la conocida como «tasa Google», pretende gravar determinados servicios digitales, aplicándose cuando el usuario del servicio sea español, independientemente del lugar desde el que opere el proveedor. Gravará la publicidad en línea desde el momento en el que el anuncio aparezca en el dispositivo, los servicios de transmisión de datos desde que estos se generan y los de intermediación en línea. Entre los servicios de intermediación en línea ha diferenciado entre los que tienen un subyacente, como plataformas de intermediación de venta de bienes como Amazon, en los que se pagará el tributo cuando se concluya el contrato o la venta; y los que no tienen subyacente, aquellas plataformas digitales que no se dedican a la venta o intercambio de bienes, que en este caso pagarán el impuesto cuando el usuario se abra la cuenta.

Finalmente, en relación con el impuesto a las transacciones financieras, conocido como «tasa Tobin», el hecho imponible se ha fijado en la adquisición de acciones onerosas de entidades financieras, cuando éstas estén admitidas a negociación en el mercado regulado y su valor bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. En este ámbito entrarían actualmente 65 empresas españolas.

Un último apunte tiene que ver con el hecho de que el ejecutivo también está trabajando con la incorporación a la normativa interna de la directiva europea «DAC 6» relativa a intermediarios fiscales.

Para más información, véase Diario La Ley 4-12-2018

Tiempos de cambio: el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude

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